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La
Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al entonces alcalde
de San Gil, Santander, Álvaro Josué Agón Martínez (2012-2015), y a la
secretaria Jurídica de la administración municipal, Mónica Juliana Báez
Meléndez (2014-2015), por posibles irregularidades de tipo contractual.
Al parecer,
Agón Martínez habría omitido sus funciones al autorizar y protocolizar la
cesión del contrato de prestación de servicios 64 de 2014, suscrito para la
representación judicial y prejudicial del municipio, a una persona que al
parecer no cumplía con la experiencia requerida.
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